ABSTRACT
Introducción: La gestión pública ha adquirido nuevas características, producto de cambio en la forma en que se aborda la gobernanza. Conforme las áreas temáticas, niveles y escalas de esa gestión se ha expandido, la administración pública se tornado más compleja, requiriendo nuevos enfoques. Si bien el derecho del mar y la tesis de que la tierra domina el mar, no son nuevas, lo cierto es que fue con la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982, que se formaliza e institucionalizan los espacios bajo jurisdicción del Estado ribereño. Ello ha generado nuevo desafíos y retos para los gobiernos, pues no solo se extiende la soberanía territorial sobre una extensa porción del mar, sino que se asumen responsabilidades en nombre de la comunidad internacional. Objetivo: Como se trata de una cuestión que vincula la gestión pública con la normativa del derecho del mar en materia de delimitación y administración de fronteras; por lo que en esta revisión se busca plantear una aproximación a un asunto sobre el cual se ha explorado poco. Métodos: Se realizó una revisión de la literatura sobre gestión pública de fronteras considerando el caso de las fronteras marítimas, identificando jurisprudencia internacional y acciones implementadas por Costa Rica. Resultados: En la porción terrestre la gestión de fronteras muestra un desarrollo importante; no así en los espacios marítimos. La jurisdicción es diferente en cada uno de esos espacios, por lo que la gestión pública debe tener en cuenta esas particularidades. Pero, las cosas se complican cuando se trata del espacio fronterizo, porque en este converge lo marino y lo marítimo, pero también diversos intereses, por la naturaleza del espacio marino. Por consiguiente, es necesario reconocer que la gestión de fronteras marítimas no es tan sencilla como trasladar lo que se hace en tierra al mar. Cuando el límite fue definido por un tratado bilateral, existen disposiciones particulares que facilitan la coordinación y cooperación transfronteriza; por eso se utilizó como referencia el caso Costa Rica y Nicaragua en el océano Pacífico, pues en este caso la línea divisoria la estableció la Corte Internacional de Justicia, lo que provoca un trazado que no necesariamente es satisfactorio para los actores involucrados. Conclusiones: las diferencias en la gestión de fronteras entre lo terrestre y lo marítimo, sumado a la forma en que se definió el límite entre los dos países, ha dificultado la implementación de la gestión pública por parte de Costa Rica, que es la experiencia más conocida en la región sobre políticas y gestión marina-marítima.
Introduction: Public management has acquired new characteristics because of change in the way governance is approached. As the subject areas, levels and scales of this management have expanded, public administration has become more complex, requiring new approaches. Although the Law of the Sea and the thesis that the land dominates the sea are not new, the truth is that it was with the United Nations Convention of the Law of the Sea, of 1982, that the areas under the jurisdiction of the coastal States were formalized and institutionalized. This has generated new challenges for the governments, since not only does territorial sovereignty extend over a large portion of the sea, but new responsibilities are assumed on behalf of the international community. Objective: The matter links public management with the regulations of the Law of the Sea regarding the delimitation and administration of boundaries. Therefore, this review proposes an approach to a matter that has not been explored enough. Methods: A review of the literature on public border management was made, considering the case of maritime boundaries, identifying international jurisprudence -especially of the International Court of Justice- and actions implemented by Costa Rica. Results: in the land portion, border management shows important development; this is not the case in the maritime spaces. The jurisdiction is different in each of these spaces, so public management must take these particularities into account. Things get complicated when it comes to the border area, because in it the marine and the maritime converge, but also different interests, due to the nature of the marine space. Therefore, it is necessary to recognize that the management of maritime boundaries is not as simple as moving what is done on land to the sea. When the limit was defined by a bilateral treaty, some provisions facilitate cross-border coordination and cooperation. For this reason, the case of Costa Rica and Nicaragua in the Pacific Ocean was used as a reference, since in this case the dividing line was established by the International Court of Justice, which causes a layout that is not necessarily satisfactory for the actors involved. Conclusions: the differences in border management between land and sea, in addition to how the boundary between the two countries is defined, has made it difficult for Costa Rica to implement public management, which is the best-known experience in the region on marine-maritime policies and management.